Evento inaugural del Colegio de Penalistas del Occidente Colombiano

El 19 de febrero de 2026, en la ciudad de Santiago de Cali, se fundó formalmente el COLEGIO DE ABOGADOS PENALISTAS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO. Nuestra asociación nace con una vocación estrictamente académica e investigativa, en la que nos centramos en:

• Producción Científica: creación de artículos, boletines y obras colectivas sobre las transformaciones legislativas y jurisprudenciales del derecho penal.

• Debate de Vanguardia: mesas de análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías y las reformas que constantemente hacen al ordenamiento penal.

• Círculos de Investigación y Actualización: espacios para el intercambio de criterios, debates y doctrina.

• Vinculación Académica: establecer puentes con universidades y centros de estudio nacionales e internacionales con el fin de realizar eventos académicos.

• La probidad en el ejercicio de la profesión.

En el marco de las actividades académicas, el COLEGIO DE ABOGADOS PENALISTAS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO tiene programado un Ciclo de Conferencias Inaugurales el viernes 23 de octubre de 2026 en el Salón Farallones del Hotel Intercontinental en Cali con la intervención del Dr. Carlos Roberto Solórzano Garavito - Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Dr. Adolfo Murillo Granados - Magistrado de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, del Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón - exMagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Dr. Luis Fernando Tocora López - exMagistrado del Tribunal de Buga.

El Derecho ante la IA: entre el uso responsable y la regresión intelectual

Por: Diego Fernando Tarapués Sandino

Si los computadores y el internet generaron una revolución científica y social que ha cambiado al mundo, seguramente la aprehensión y masificación de la inteligencia artificial (IA) generará una metamorfosis estructural en la humanidad mucho mayor. En efecto, la IA llegó para cambiarlo todo y el Derecho no es la excepción. No en vano cada vez son más frecuentes las publicaciones científicas, los congresos académicos y hasta los pronunciamientos judiciales que se centran en las bondades, cuestionamientos y, en general, vicisitudes de la IA en el mundo jurídico.

Recientemente, se difundió con rapidez y mucho interés una sentencia de tutela de la Sala de Casación Penal en la que se amparó el derecho fundamental al debido proceso y a un juicio imparcial, luego de que se estimara que se encontraba comprometida la presunción de inocencia del procesado por parte de la autoridad judicial (un Juzgado Penal del Circuito), ya que la defensa halló en el expediente un documento que revelaba uso de IA para plantear un aparente fallo condenatorio. No se trató de una simple consulta, de la búsqueda de un tema poco claro, de un resumen de un documento o de la mejora estilística en la redacción, sino que, al parecer, con nombres reales, pruebas recaudadas e incluso transliteración de declaraciones, se experimentó un intento de sentencia judicial, evidentemente comandada a que fuera condenatoria, en la que la IA realizó valoraciones probatorias y conclusiones sobre la determinación de la responsabilidad penal.

Luego de que se resolviera infundada la recusación dirigida a declarar que el funcionario judicial había “manifestado su opinión respecto del asunto sometido a su conocimiento”, y tras la negativa de amparo en primera instancia, la Sala de Decisión de Tutelas de la Corte estimó que “la actuación cuestionada no solo quebranta la apariencia de justicia imparcial, sino que también refuerza el trato prematuro de culpabilidad, generando una afectación conjunta, estructural y no meramente formal de los principios de imparcialidad judicial y de presunción de inocencia” (sentencia STP21973-2025). Por lo anterior, revocó la decisión del a quo, ordenó que el asunto lo conociera el juzgado siguiente en turno y exhortó al despacho accionado para que, en lo sucesivo, cuando emplee herramientas de IA en actuaciones judiciales, se sujete estrictamente a los lineamientos, prohibiciones y principios previstos por la judicatura en la materia.