Diego Fernando Tarapués Sandino
Grupo Editorial Ibáñez, 2019
ISBN: 978-958-791-047-6
Prólogo del Prof. Dr. Adolfo Murillo
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Tabla de contenido
En la actualidad, Colombia es tal vez el único país en el mundo donde el delito político aún guarda una gran relevancia práctica y teórica. Esto se debe principalmente a dos razones, por una parte, en términos jurídicos, esta figura goza de una amplia regulación constitucional que le brinda un tratamiento diferenciado. Por otra parte, en el ámbito político, pese a los reiterados esfuerzos de superación del conflicto armado interno, el país aún experimenta un conflicto bélico que desafía constantemente sus esfuerzos institucionales de consolidación democrática y que conlleva al reconocimiento de delincuentes políticos en el intento de encontrar salidas a partir del diálogo y de la negociación.
Para entender las causas de esta relevancia jurídica y política es necesario comprender las diversas fases que ha experimentado el delito político en algo más de dos siglos de vida republicana. En efecto, su importancia se encuentra anclada a una primera fase de origen y evolución donde se gestó el interés y necesidad de perdonar las conductas rebeldes con la finalidad de vincular al delincuente político en el pacto de la unión, siguiendo propósitos de unidad nacional y defensa territorial, mientras se desarrollaba una agenda normativa a la par que diferenciaba entre contextos de paz y de guerra. Un segundo momento de consolidación se caracteriza por normas legales que, además de amnistiar e indultar a delincuentes políticos, dieron vida a la inclusión de la conexidad en el ordenamiento jurídico-penal, a las cuales se aunaría la expedición de una nueva Constitución que dotó de prerrogativas más amplias al delito político, redefiniéndolo como una herramienta constitucional para la búsqueda de la paz. Una posterior fase de debilitamiento estuvo marcada por una sentencia de constitucionalidad (la sentencia C-456 de 1997) que declaró inexequible la figura de la conexidad de conductas realizadas por rebeldes y sediciosos en combate, junto con la entrada en vigor de una política criminal que desdibujó jurídicamente el reconocimiento del conflicto y en su lugar se centró en tendencias globales para la época, orientadas por lo que se denominó la lucha contra el terrorismo. Por último, nos encontramos actualmente en una fase de redefinición que ha estado marcada por el resurgimiento de esta figura en el marco de la implementación jurídica de un acuerdo político, cuyas principales disposiciones han constitucionalizado una estrategia integral de justicia transicional, en donde se ha articulado la figura del delito político como una herramienta clave para resolver la situación jurídico-penal de los actores que han pactado la paz a través del Acuerdo Final.
El interés de publicar este libro surge justamente del protagonismo que vuelve a tomar el delito político a partir de la implementación de lo pactado en el Acuerdo Final, primero a través de la expedición de la Ley 1820 de 2016 y de sus decretos reglamentarios, así como también de la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la normatividad que gira en torno a esta. La labor académica y jurisdiccional que se debe desplegar en esta nueva fase de interpretación y aplicación de disposiciones que regulan el delito político debe estar orientada por la acuciosa labor que han desarrollado en los últimos años la doctrina y la jurisprudencia en un terreno donde la falta de precisión normativa ha sido una constante. En ese sentido, este libro brinda algunos estudios que analizan en el plano teórico, histórico, normativo, doctrinal y jurisprudencial esta figura jurídica, con el propósito de contribuir a la discusión académica y de dar algunas luces a jueces y abogados que puedan ayudar a entender los desarrollos y alcances que ha tenido el delito político en nuestro ordenamiento jurídico.
Este libro agrupa cinco escritos desarrollados en la última década de cara a diferentes momentos y contextos de comprensión y aplicación del delito político en Colombia, producto de ejercicios investigativos y analíticos sobre el papel que ha jugado esta figura en discusiones recientes. Tres de estos trabajos ya han sido publicados y fueron objeto de una revisión y actualización para su publicación en este libro, conservando al máximo su originalidad para entender cronológicamente y sistemáticamente las variaciones que ha experimentado el delito político en nuestra historia reciente. Los otros dos escritos parten de reflexiones escritas hace unos años y de algunos comentarios desarrollados en el marco de un proyecto de investigación dirigido a comentar la Ley de Amnistía.
El primer capítulo plantea un bosquejo general sobre los principales referentes históricos y teóricos del delito político que han tenido lugar en Europa y han sido asumidos en nuestro país como propios. Es decir, se han heredado visiones, tradiciones y categorías jurídicas que han surgido en otras latitudes y han cimentado, a manera de trasplante, las bases analíticas del delito político en nuestro contexto. Por esta razón, tomamos como propia su historia y evolución y no nos resulta extraño entender sus orígenes y desarrollos desde tiempos romanos a partir de lo que fuera el crimen de lesa majestad, como tampoco su anclaje y redimensionamiento con el desarrollo de las revoluciones liberales que condujeron al desmonte del estado absolutista. Sin embargo, su utilidad y pertinencia en tiempos y escenarios no totalitarios implica una reflexión sobre sus verdaderos alcances en un contexto actual y local donde se le aplica a organizaciones guerrilleras (de ideologías comunistas o socialistas), como rezago contemporáneo de lo que fuera la guerra fría.
El segundo capítulo atiende a un estudio más histórico y constitucional que remembra la tradición del delito político en Colombia luego de sus dos primeras décadas de consolidación jurídica en la Constitución Política de 1991. Este texto asume que el delito político representa una herramienta clave en la búsqueda de la paz, que ha sido forjado gracias a una rica herencia constitucional en la materia. A partir de esa visión se ahonda en los antecedentes del delito político en la historia de las constituciones colombianas y, en especial, en lo que fue el proceso constituyente de 1991, donde se le dio un papel preponderante tanto a la paz como al delito político.
El tercer capítulo constituye un balance intermedio no solo en el desarrollo académico de los estudios aquí publicados, sino también sobre la evolución jurídica reciente del delito político en Colombia. Al centrarse en el análisis de la reforma constitucional que en el 2012 introdujo a la Constitución el Marco Jurídico para la Paz, en especial en el artículo transitorio 67 constitucional y en la sentencia C-577 de 2014 que declararía su exequibilidad, este texto revisa el contenido y alcance del delito político en lo que fue su resurgimiento luego de una dura fase de debilitamiento experimentada desde finales de los noventa. Con el Marco Jurídico para la Paz, el Congreso de la República y la Corte Constitucional abrirían nuevamente la discusión política y jurídica en torno a esta figura, al articular el delito político dentro de la estrategia integral de justicia transicional, aunque no en el plano jurídico-penal, sino como herramienta para posibilitar la participación en política ante un eventual proceso de desarme y reincorporación en la vida civil de las organizaciones rebeldes.
El cuarto capítulo trata la distinción de dos tipologías de delitos contenidas en la Constitución que aparentemente se asemejan: los delitos políticos y los delitos relacionados con la pertenencia, promoción y financiación de grupos armados ilegales. En este texto se ahonda en los antecedentes, contextos y disposiciones asociadas con una reforma constitucional dada mediante el Acto Legislativo 01 de 2009, que creó una serie de restricciones, prohibiciones y sanciones políticas a aquellos que se hallen vinculados con la pertenencia y financiación de grupos armados ilegales. El propósito central de este trabajo es delimitar los linderos conceptuales de una y otra categoría de delitos, razón por la cual se ahonda en los delitos contra el régimen constitucional y legal, contenidos en el código penal, para esclarecer los rasgos de los delitos políticos puros reconocidos en el derecho colombiano. Asimismo, se hace una aproximación jurídica a los delitos comunes relacionados con grupos armados ilegales no rebeldes ni sediciosos, para fijar las fronteras entre los delitos comunes, a los que se les han impuesto prohibiciones, restricciones y sanciones constitucionales, y los delitos políticos, que gozan de prerrogativas constitucionales en materia de extradición, participación en política, amnistía e indulto.
Finalmente, en el quinto capítulo se ahonda en la ampliación del delito político conexo luego de la suscripción del Acuerdo Final pactado por el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP. Este último texto revisa los alcances normativos de la Ley de Amnistía y de las disposiciones que constitucionalizaron e implementaron el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado en La Habana. Además de examinar el reconocimiento del delito político como principio aplicable en la Ley 1820 de 2016 y de revisar las conductas que se adoptaron explícitamente como delitos políticos conexos a efectos de conceder amnistía de iure, este escrito se centra en el artículo 23 de la Ley de Amnistía para analizar los criterios excluyentes y orientadores que permiten determinar otro tipo de conductas considerables como delitos políticos conexos a efectos de conceder amnistía por parte de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Tal como se desprende de la presentación de cada escrito, este libro busca aportar a la lectura sistemática y teleológica del delito político en el contexto actual de aplicación de la normativa transicional expedida en el marco de la implementación del Acuerdo Final. La compilación, actualización y redacción de estos escritos ha estado orientada por el interés académico y ciudadano de contribuir a discusiones que permitan la sana aplicación de esta valiosa herramienta para la superación definitiva del conflicto armado.
Por último, en el marco de esta presentación, quiero agradecer al Dr. Adolfo Murillo Granados, Magistrado del Tribunal para la Paz, por haber aceptado prologar este libro y por su generoso voto de confianza al permitirme hacer parte de su equipo de trabajo. Igualmente doy gracias al Prof. Dr. Kai Ambos, amicus curiae del Tribunal para la Paz y Magistrado del Tribunal Especial de Kosovo, porque los estudios publicados en este libro han surgido a partir de diferentes actividades investigativas como miembro del GLIPGö y del CEDPAL bajo su dirección. Asimismo, agradezco al docente investigador Juan José Peña Cuervo por su colaboración en el proceso de compilación y de ajuste formal de los artículos. Finalmente, quiero agradecer a mi familia y a mi alma mater, la Universidad Santiago de Cali, por el respaldo personal y académico en todo momento.
Diego Fernando Tarapués Sandino
